Fondos buitres
Fondos buitres atacan en Argentina
Argentina afronta nuevamente una extorsión financiera sin precedentes. Los especuladores que compraron bonos de la deuda por 48 millones de dólares, lograron en Nueva York una sentencia de cobro por mil 500 millones. Este fraude retrata cómo funciona el capitalismo actual, sistema que empuja a nuestros países a más y más padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares, como Perú, y amenazan a toda la región.
Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad (o Estado) que se considera débil o cercana a la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal (su valor facial), y luego pleitear o “apretar” para lograr el pago del 100% de ese valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitres compran títulos de deuda de los países en situación económica difícil a precio basura, para luego litigar en foros internacionales y ante instancias judiciales afines a sus intereses, e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
El nombre -fondo buitre- es una metáfora que compara a estos estafadores con los buitres, que sobrevuelan pacientemente esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Obviamente que ellos no quieren llamarse así, y los operadores de mercado los llaman distressed debt o “fondo de situaciones especiales” (special situations funds, en inglés).
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de una disputa con un fondo buitre que culminó con el secuestro de la fragata Libertad en un puerto extranjero, afirmó que “los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitres sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales”. Al pueblo argentino le quieren imponer la misma confiscación que padecen los pequeños deudores estadounidenses, los desalojados de viviendas de España y los empobrecidos de Grecia, señala el economista argentino Claudio Katz. El objetivo es arrasar con el país y la obra de redistribución de la riqueza y solidaridad latino-caribeña realizada por los gobiernos Kirchner, postrarlo por hambre y desesperación, devolverlo al entreguismo de los gobiernos anteriores. Pero lo cierto es que ni a Washington le conviene que el juez estadounidense Thomas Griesa siente un precedente que puede desacreditar más aún al sistema financiero internacional.
La concesión de la justicia de EE.UU. a los requerimientos de los deudores altera toda la situación. Por un lado, y en lo inmediato, por representar un antecedente que podría desembocar en la exigencia de pago completo e intereses por parte aquellos tenedores de bonos que no aceptaron canjes (alrededor de 15.000 millones de dólares), pero también la posibilidad de impulsar nuevos reclamos por parte de acreedores que aceptaron una quita del 66,3% del valor nominal en renegociaciones anteriores.
UN POCO DE HISTORIA
La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió no dar lugar al pedido argentino para que se aboque al tema de los fondos buitres. De esa manera quedó a firme la sentencia del juez Thomas Griesa que ordenó pagar 1.330 millones de dólares a un grupo de bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Se trata de un pequeño grupo, parte de aquel 7,6% que no entraron en los canjes y que hicieron su reclamo ante la justicia estadounidense para que se les abone el 100% del valor nominal de los bonos.
Al mismo tiempo, también autorizó a los acreedores a embargar fondos del Estado argentino para cobrar dicha deuda. Un par de días después, una Corte de Apelaciones de Nueva York, que había decidido una especie de medida cautelar por la cual no se podían embargar bienes argentinos, decretó el fin de la medida que beneficiaba al país austral, de modo tal que los bienes argentinos en el exterior corren riesgo de ser embargados hasta que se cumpla con la sentencia de Griesa.
En esta crisis quedó claro cómo opera la justicia estadounidense, esa que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griesa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street, protegiendo a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales. Chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad al colocar al borde del abismo al mismo sistema financiero. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los Estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.
El 30 de junio hubo un vencimiento con los bonistas que entraron en el canje. Ese monto se debía pagar a través de la banca de Nueva York. Argentina quiere pagar, tal como viene haciendo “religiosamente” como lo reconocen los acreedores. Pero no lo puede hacer porque podría ser embargada. Argentina ofrecería a los bonistas pagarles en Buenos Aires y/o transformar esos bonos en nacionales. Posiblemente el oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto, esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio de año con la devaluación del peso.
El gobierno argentino no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griesa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores. Los buitres no reconocen a quienes intentan hacer buena letra… Argentina tiene hasta fines de julio para resolver ese problema y llegar a un acuerdo. Dado el consenso entre oficialismo y oposición derechista, lo más probable es un acuerdo oneroso. Pero lo más problemático fue explicado por la propia presidenta: si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables.
El resto de los acreedores, el 92,4% que aceptó los canjes, tiene a su favor una cláusula (conocida como RUFO). Según la misma, si Argentina mejora “voluntariamente” las condiciones de pago a quienes no entraron en el canje, debe igualar -con esas mismas ventajas- a los tenedores que sí aceptaron en 2005 y 2010. En ese caso las cifras a ajustar son siderales, porque se trata del total del canje, que supera los 200 mil millones de dólares. Esa cláusula rige hasta fines de este año. En general, se considera que si Argentina paga forzada por el fallo de Griesa no correspondería aplicar esa cláusula porque no sería un “pago voluntario”. Es por ello que se evaluó el pago de esos 1.330 en efectivo o bonos sin que se disparara la mencionada cláusula RUFO.
Argentina afronta nuevamente una extorsión financiera sin precedentes. Los especuladores que compraron bonos de la deuda por 48 millones de dólares, lograron en Nueva York una sentencia de cobro por mil 500 millones. Este fraude retrata cómo funciona el capitalismo actual, sistema que empuja a nuestros países a más y más padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares, como Perú, y amenazan a toda la región.
Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad (o Estado) que se considera débil o cercana a la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal (su valor facial), y luego pleitear o “apretar” para lograr el pago del 100% de ese valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitres compran títulos de deuda de los países en situación económica difícil a precio basura, para luego litigar en foros internacionales y ante instancias judiciales afines a sus intereses, e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
El nombre -fondo buitre- es una metáfora que compara a estos estafadores con los buitres, que sobrevuelan pacientemente esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Obviamente que ellos no quieren llamarse así, y los operadores de mercado los llaman distressed debt o “fondo de situaciones especiales” (special situations funds, en inglés).
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de una disputa con un fondo buitre que culminó con el secuestro de la fragata Libertad en un puerto extranjero, afirmó que “los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitres sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales”. Al pueblo argentino le quieren imponer la misma confiscación que padecen los pequeños deudores estadounidenses, los desalojados de viviendas de España y los empobrecidos de Grecia, señala el economista argentino Claudio Katz. El objetivo es arrasar con el país y la obra de redistribución de la riqueza y solidaridad latino-caribeña realizada por los gobiernos Kirchner, postrarlo por hambre y desesperación, devolverlo al entreguismo de los gobiernos anteriores. Pero lo cierto es que ni a Washington le conviene que el juez estadounidense Thomas Griesa siente un precedente que puede desacreditar más aún al sistema financiero internacional.
La concesión de la justicia de EE.UU. a los requerimientos de los deudores altera toda la situación. Por un lado, y en lo inmediato, por representar un antecedente que podría desembocar en la exigencia de pago completo e intereses por parte aquellos tenedores de bonos que no aceptaron canjes (alrededor de 15.000 millones de dólares), pero también la posibilidad de impulsar nuevos reclamos por parte de acreedores que aceptaron una quita del 66,3% del valor nominal en renegociaciones anteriores.
UN POCO DE HISTORIA
La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió no dar lugar al pedido argentino para que se aboque al tema de los fondos buitres. De esa manera quedó a firme la sentencia del juez Thomas Griesa que ordenó pagar 1.330 millones de dólares a un grupo de bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Se trata de un pequeño grupo, parte de aquel 7,6% que no entraron en los canjes y que hicieron su reclamo ante la justicia estadounidense para que se les abone el 100% del valor nominal de los bonos.
Al mismo tiempo, también autorizó a los acreedores a embargar fondos del Estado argentino para cobrar dicha deuda. Un par de días después, una Corte de Apelaciones de Nueva York, que había decidido una especie de medida cautelar por la cual no se podían embargar bienes argentinos, decretó el fin de la medida que beneficiaba al país austral, de modo tal que los bienes argentinos en el exterior corren riesgo de ser embargados hasta que se cumpla con la sentencia de Griesa.
En esta crisis quedó claro cómo opera la justicia estadounidense, esa que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griesa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street, protegiendo a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales. Chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad al colocar al borde del abismo al mismo sistema financiero. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los Estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.
El 30 de junio hubo un vencimiento con los bonistas que entraron en el canje. Ese monto se debía pagar a través de la banca de Nueva York. Argentina quiere pagar, tal como viene haciendo “religiosamente” como lo reconocen los acreedores. Pero no lo puede hacer porque podría ser embargada. Argentina ofrecería a los bonistas pagarles en Buenos Aires y/o transformar esos bonos en nacionales. Posiblemente el oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto, esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio de año con la devaluación del peso.
El gobierno argentino no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griesa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores. Los buitres no reconocen a quienes intentan hacer buena letra… Argentina tiene hasta fines de julio para resolver ese problema y llegar a un acuerdo. Dado el consenso entre oficialismo y oposición derechista, lo más probable es un acuerdo oneroso. Pero lo más problemático fue explicado por la propia presidenta: si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables.
El resto de los acreedores, el 92,4% que aceptó los canjes, tiene a su favor una cláusula (conocida como RUFO). Según la misma, si Argentina mejora “voluntariamente” las condiciones de pago a quienes no entraron en el canje, debe igualar -con esas mismas ventajas- a los tenedores que sí aceptaron en 2005 y 2010. En ese caso las cifras a ajustar son siderales, porque se trata del total del canje, que supera los 200 mil millones de dólares. Esa cláusula rige hasta fines de este año. En general, se considera que si Argentina paga forzada por el fallo de Griesa no correspondería aplicar esa cláusula porque no sería un “pago voluntario”. Es por ello que se evaluó el pago de esos 1.330 en efectivo o bonos sin que se disparara la mencionada cláusula RUFO.
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